Apuntes sobre pandemia y política. Parte I: El Estado de Alarma

La situación desatada con la llegada del coronavirus a España está siendo preocupante para todos y todas, extraña en algunas ocasiones, inimaginable hace sólo unos días. Una situación que, me parece, suscita muchas dudas y pocas respuestas.

Es sabido que dos de los asuntos centrales del Real Decreto con el que se aprobó el Estado de Alarma limitan la libre circulación de personas y la actividad comercial, en sus puntos 7 y 10 respectivamente. En ellos, resumiendo lo más posible, se prohíbe salir de casa excepto para trabajar y para cuestiones de fuerza mayor (compra de productos básicos y medicamentos, asistencia a personas con discapacidad); se prohíbe la actividad de comercios (salvo aquellos que distribuyan productos básicos), pero no la actividad laboral.

Éste es también el motivo por el que la rueda de prensa de Pedro Sánchez del pasado sábado 14, en la que se anunciarían las medidas adoptadas por el Estado de Alarma, se pospuso en varias ocasiones a lo largo de la mañana y de la tarde, finalmente produciéndose a las nueve de la noche de ese mismo sábado. En efecto, la cuestión crucial era cómo paralizar la vida pública en las calles y lugares de ocio, pero sin paralizar la producción (actividad en las empresas y fábricas, en los servicios, etc.).
Y en esta vía intermedia entre dos opciones incompatibles (o se prima la defensa de la salud pública o se prima el mantener la actividad económica, pero no las dos a la vez) se dan situaciones paradójicas como, por ejemplo, el caso de que el transporte público siga en normal funcionamiento (lo cual parece contradictorio con el principio de aislamiento, pero es garantía de que nadie falte a su puesto de empleo). También así, las empresas, lejos de hacerse cargo de la situación excepcional que vivimos, apuran medidas en flexibilidad, rotación de la plantilla, teletrabajo, etc., con el objetivo de mantener la actividad por encima de cualquier otra consideración.

Es cierto que resulta difícil imaginar cuáles serán las consecuencias económicas derivadas de esta situación. Pero no es menos cierto que mantener la actividad laboral (esto es, la actividad productiva) entraña un riesgo para la salud de los trabajadores y para la salud pública.
Por otra parte, recordemos que tras la crisis económica de 2008, numerosísimas familias sobrevivieron con unos ingresos mínimos, y en ocasiones sin ingreso alguno, durante meses y años. ¿Es que el capital no puede asumir, tras años de beneficios, algunas semanas de pérdidas?

Durante una crisis epidemiológica la producción debería reducirse al mínimo imprescindible y la actividad tendría que centrarse en garantizar las necesidades básicas de todos, asegurando prioritariamente la salud de las y los trabajadores, en lugar de tratar de minimizar el impacto negativo para las empresas.

Pero esto nunca será así en un sistema capitalista, donde las necesidades sociales son entendidas sólo como un "nicho de mercado" y la única lógica que organiza la producción es el beneficio individual.

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